El Ministerio de Hacienda lo ha dejado muy claro. Cualquier subvención o ayuda pública debemos declararla, ya que al final cuenta como ingreso más. Todas esas ganancias deben ser sumadas a la base imponible general, que es la que sirve como referencia para saldar nuestras cuentas con el fisco. Sólo quedan libres de tributación aquellas rentas tipificadas expresamente como exentas por ley, es el caso de las pensiones por incapacidad, por invalidez, etc.
Por tanto, la Agencia Tributaria considera como un ingreso las ayudas prestadas en el Plan 2000E y los 280.000 compradores de coches que en el pasado año se aprovecharon de ellas deberán declararlas este año en su impuesto sobre la renta. Los contribuyentes deberán considerar como un ingreso más los 1.000 euros recibidos de parte de las administraciones públicas (500 euros procedentes del estado y otros 500 de la comunidad autónoma).
Aquellos cuyos ingresos sean superiores a los 17.000 euros deberán hacer frente al pago de un 28% de la ayuda. De esta forma los que tengan unos ingresos superiores a 53.000 euros al año, tendrán que abonar un 43% de esa ayuda para la compra de coches. Si los ingresos se sitúan entre los 5.050 y 17.360 euros se abona un 24%, mientras que si el tramo de ingresos se ubica entre los 17.360 y los 32.360 euros el impuesto sube al 28%. Desde este nivel a los 52.360 euros de tipo máximo, el contribuyente paga un 37%.
Otras ayudas que también se ven afectadas son las denominadas rentas de emancipación que reciben los jóvenes para el alquiler de vivienda y los regalos que los bancos hacen a sus clientes cuando estos suscriben un depósito, cambian de entidad o abren un fondo de pensiones.
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