La reforma simplifica mucho los trámites por los que una empresa puede reducir la jornada de trabajo de sus empleados. De esta manera, nuestras jornadas se pueden ver reducidas de modo considerable y con ellas los salarios que recibimos por nuestro empleo.
Claro está que esta situación solo puede producirse si la empresa acredita una situación de crisis y reducción de ingresos. La reducción de la jornada laboral se plantea como una alternativa para evitar un mayor número de despido de trabajadores.
Se contempla también entre las propuestas de la reforma laboral la eliminación de la autorización administrativa para que una empresa pueda llevar a cabo la suspensión de un contrato de trabajo. Hasta ahora esta autorización era obligatoria.
En los dos casos, tanto si la empresa reduce la jornada laboral o suspende el contrato de trabajo, el trabajador podrá cobrar la prestación por desempleo en la medida que le corresponda. Si en los casos de suspensión finalmente la compañía decide despedir al trabajador, este último tendrá derecho a recuperar los días de prestación consumidos durante la suspensión, hasta un máximo de 180 días.
La reforma también afecta a la movilidad de los trabajadores y permite a las empresas con problemas económicos que trasladen a sus trabajadores a otras ciudades en las que tengan una sede. Para este supuesto se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares del trabajador.
Con respecto a las categorías profesionales, estas pasan a ser grupos simplificados para permitir el desempeño de tareas diversas dentro de una empresa. Con esto un trabajador podría acabar ocupando un puesto para el que no ha sido contratado en un principio.
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