Su objetivo cuando se creó en 2009 fue gestionar los fondos propios de las entidades financieras y a la vez gestionar todos los procesos de reestructuración del sistema financiero español.
El FROB, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, contó con una aportación de capital inicial de 9.000 millones de euros procedentes del Estado y de la deuda pública y los Fondos de Garantía de Depósito. Dado que es el Gobierno quien está detrás de este sistema su Consejo de Administración está formado por 8 miembros de los cuales 5 se eligen directamente por el Ministerio de Economía.
Se dota así al FROB de mucha legitimidad y apoyo del Gobierno lo que hace que se le reconozcan funciones suficientes para pedir prestado dinero, cerrar operaciones de crédito y financiar operaciones por un importe muy elevado, más de 90.000 millones de euros.
Esto es un tanto peculiar ya que el FROB no es una entidad privada pero tampoco es una entidad pública, lo que le hace estar al margen de muchas normas que afectan a las Administraciones del Estado, especialmente en materia presupuestaria y en materia de control de su gestión.
Cuando se puso en marcha comenzaron las revisiones de las entidades bancarias y la posterior intervención de algunas de ellas. Por ese motivo muchas entidades optaron por fusionarse ya que las normas del FROB exigían cierta solvencia y control de sus cuentas para poder acceder a las ayudas económicas que se ponían a su disposición. Lo que ha ocurrido después de algunas de las funciones ya es historia.
Dado que el FROB es una figura reconocida y autorizada por la Comisión Europea, se estima que será a través de este como llegue el rescate bancario a España.
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