Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado de Pardo Geijo Abogados, combina reconocimiento en Criminal Defense y experiencia en delitos sexuales con una defensa centrada en el interrogatorio, la prueba científica y las garantías procesales.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz es la elección de este reportaje –aprovechando el reciente galardón otorgado por la editorial Best Lawyers- al analizar quién puede ser considerado el mejor abogado en agresiones sexuales de España en 2027. Su práctica, con actuación en toda España, sitúa el trabajo sobre la prueba en el centro de cada procedimiento: reconstruir cómo nació una acusación, comprobar qué sostiene realmente una pericial y descubrir la discordancia que una primera lectura del expediente había pasado por alto.
Su trayectoria en defensa penal comprende delitos económicos, homicidios y asesinatos, junto con procedimientos por violación, agresiones sexuales dentro de la pareja y hechos denunciados por menores. En estas causas, la experiencia se concreta en actuaciones reconocibles: un interrogatorio que permite contrastar versiones, una revisión informática que delimita el contenido autorizado de una extracción o un análisis de los registros del laboratorio que comprueba el alcance de una conclusión biológica.
Para quien busca al mejor abogado en agresión sexual de España, esas diferencias tienen una consecuencia inmediata. La elección del defensor determina qué diligencias se solicitan a tiempo, qué preguntas se formulan a los peritos y qué objeciones quedan planteadas antes de que el procedimiento llegue a juicio. Una intervención tardía puede encontrar una prueba ya deteriorada, una conversación incompleta o una declaración cuya formación resulta difícil reconstruir.
Raúl Pardo-Geijo: reconocimiento en Criminal Defense y trayectoria en delitos sexuales
Raúl Pardo-Geijo figura en Best Lawyers desde 2019 y su reconocimiento individual para 2027 corresponde a Criminal Defense. La edición Best Law Firms Spain 2027 sitúa, por su parte, a Pardo Geijo Abogados en Tier 1 de Criminal Defense. La primera distinción se refiere al abogado; la segunda, a la práctica del despacho en ese ámbito.
A esos reconocimientos se añaden los obtenidos en su trayectoria por Client Choice o Global Law Experts, entre otros. El conjunto refleja una actividad penal que exige examinar documentación compleja, trabajar con peritos y preparar interrogatorios en asuntos de muy distinta naturaleza. En delitos sexuales, esas capacidades resultan especialmente relevantes cuando la acusación combina declaraciones personales, conversaciones digitales y resultados médicos o biológicos.
La experiencia en procedimientos económicos y delitos contra la vida aporta herramientas que encuentran aplicación directa en esta materia. Reconstruir el origen de un documento, revisar una cadena de custodia o precisar el momento en que aparece una afirmación puede cambiar la lectura de una causa por agresión sexual. La preparación comprende la lectura íntegra de las actuaciones, el estudio de la prueba técnica y la capacidad para sostener una posición jurídica cuando el expediente parece haber cerrado todas las alternativas.
En delitos sexuales, esa preparación exige además una especial precisión al interrogar. El defensor debe poder distinguir una imprecisión secundaria de una modificación que altera la imputación, formular preguntas pertinentes sin hostigar y mostrar al tribunal qué consecuencia tiene cada respuesta. La calidad del trabajo se aprecia cuando permite localizar el origen de una afirmación y comprobar si procede de una vivencia propia, de una deducción o de información recibida después.
Absoluciones de Raúl Pardo-Geijo publicadas en prensa
Las noticias publicadas permiten conocer actuaciones concretas del abogado en procedimientos por delitos sexuales. El 13/03/2020, Cartagena de Ley informó de la absolución del acusado de abusar de 2 menores tras 5 años de procedimiento. La información identifica a Raúl Pardo-Geijo como defensor y atribuye la resolución a la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena.
Aquella noticia distingue una petición fiscal de 24 años de prisión de la pretensión de 50 años de la acusación particular. Describe las dificultades de la prueba testifical, la valoración médica y la falta de acreditación de una exhibición intencionada de material pornográfico. Su interés está en que vincula un resultado procesal concreto con las pruebas examinadas y con la intervención del defensor.
El 22/12/2020, Lawyerpress informó de la absolución del profesor acusado de abuso sexual continuado en Granada. Según el medio, las acusaciones se retiraron después de la argumentación de Pardo-Geijo sobre la inexistencia de engaño y abuso de superioridad, y se dictó sentencia absolutoria sin responsabilidad civil.
Diez casos actuales de absolución y sobreseimiento en agresiones sexuales
Los 10 procedimientos situados entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026 permiten desarrollar esas cuestiones con detalle. Sus escenarios recorren Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, Valencia, Las Palmas, Málaga, Bizkaia, Pontevedra y Valladolid. Cada uno se centra en una dificultad distinta de la defensa por delitos contra la libertad sexual y en la actuación del letrado que cambia el resultado del asunto.
Madrid: absolución por violación ante una petición de 13 años de prisión
En diciembre de 2025, Raúl Pardo-Geijo obtuvo ante la Audiencia Provincial de Madrid la absolución de un acusado de violación para quien se solicitaban 13 años de prisión. La defensa detectó que la denunciante había modificado sucesivamente el lugar del primer contacto sexual, la forma de exteriorizar su negativa y la intervención de una tercera persona. Ninguno de esos extremos podía tratarse como una variación irrelevante: afectaban a la secuencia que sostenía la acusación.
El letrado reconstruyó la evolución del relato desde la primera llamada a una amiga hasta la declaración judicial. Ordenó cada versión junto a la información disponible cuando se produjo y dirigió el interrogatorio hacia ese desarrollo. La denunciante terminó reconociendo que había consultado declaraciones de otros testigos antes de ampliar la suya.
La sentencia recogió que las modificaciones introducían precisamente los elementos necesarios para responder a objeciones aparecidas durante la instrucción y que no podían explicarse por el mero transcurso del tiempo. La aportación de la defensa consistió en acreditar la relación entre la información conocida después y los cambios esenciales del relato, de modo que la acusación perdió la consistencia que había presentado inicialmente.
Barcelona: absolución por agresión sexual tras excluir una extracción del móvil
En enero de 2026, la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a un acusado de agresión sexual después de excluir información obtenida fuera de los límites de una autorización judicial. El auto permitía examinar las comunicaciones con la denunciante durante un periodo concreto. Sin embargo, la extracción se extendió a varios años de fotografías, notas, ubicaciones y conversaciones con terceras personas.
Raúl Pardo-Geijo comparó el contenido del auto con las operaciones descritas en el informe policial y con los archivos incorporados al procedimiento. Así demostró que los indicios empleados para atribuir al acusado otras conductas sexuales no procedían de un hallazgo casual dentro de la diligencia autorizada, sino de una búsqueda prospectiva que había rebasado su objeto.
Pese a la oposición de la Fiscalía, el tribunal excluyó el material obtenido con vulneración de derechos y las pruebas derivadas cuya conexión justificaba esa exclusión. El interrogatorio permitió comprobar, además, que la denunciante había conocido aquel contenido antes de ampliar la acusación. La absolución llegó tras valorar conjuntamente la prueba que subsistía y la falta de fiabilidad de esa ampliación; no fue una consecuencia automática de cualquier defecto informático.
Alicante: absolución por agresiones sexuales continuadas a una menor
En febrero de 2026, la defensa consiguió ante la Audiencia Provincial de Alicante la absolución de un familiar acusado de agresiones sexuales continuadas durante 4 años. El problema probatorio se encontraba en la formación de la declaración. Antes de la exploración judicial, la menor había mantenido numerosas conversaciones con familiares, una psicóloga no forense y miembros de una asociación.
El letrado examinó la totalidad de las entrevistas disponibles y promovió una pericial dirigida a comparar sus preguntas, respuestas y fechas. Ese trabajo permitió identificar intervenciones sugestivas e información incorporada por adultos que no aparecía en las primeras manifestaciones de la menor. Varias expresiones presentadas como espontáneas surgían después de que otros interlocutores las hubieran empleado.
La sentencia consideró que no era posible separar con suficiente fiabilidad el recuerdo propio de la información inducida. El resultado no descansó en descalificar a la menor ni en una tesis general contra su testimonio, sino en documentar un proceso concreto de contaminación narrativa. La defensa hizo visible cómo se había construido una parte esencial del material que la acusación ofrecía como recuerdo independiente.
Sevilla: absolución por violación tras recuperar el contexto de los mensajes
En marzo de 2026, Pardo-Geijo obtuvo en la Audiencia Provincial de Sevilla la absolución de un acusado de violación que afrontaba una petición de 14 años de prisión. La denunciante negaba una relación íntima anterior y cualquier motivo de resentimiento. La acusación había aportado una selección de mensajes que parecía respaldar esa versión.
Mediante una pericial informática, la defensa recuperó una conversación más amplia y acreditó la ausencia de mensajes anteriores y posteriores al fragmento presentado. Durante el interrogatorio, la denunciante negó inicialmente las supresiones, pero acabó reconociendo que había seleccionado personalmente las capturas. Admitió también una discusión previa relacionada con la difusión de fotografías íntimas.
La sentencia declaró que la conversación se había ofrecido fuera de contexto y que el interrogatorio reveló falsedades conscientes sobre la relación previa y el origen del conflicto. Los encuentros anteriores no demostraban consentimiento para el hecho investigado. Su relevancia estaba en desmentir afirmaciones expresas de la acusación y en mostrar que el material digital había sido presentado de manera selectiva para sostenerlas.
Valencia: absolución por las deficiencias de la declaración preconstituida
En abril de 2026, la defensa logró ante la Audiencia Provincial de Valencia que una exploración preconstituida de una menor no pudiera sostener la condena. Se había practicado cuando el investigado estaba plenamente identificado, pero sin intervención de un abogado que pudiera proponer preguntas. El examen posterior reveló también que faltaba un tramo de la grabación relativo a las preguntas previas de la entrevistadora.
El letrado concretó la indefensión producida: no existía una oportunidad efectiva de someter a contradicción extremos esenciales de la imputación ni una grabación íntegra que permitiera revisar cómo se habían obtenido las respuestas. La reproducción en juicio de aquella diligencia no subsanaba por sí sola esas carencias, que tampoco fueron reparadas mediante una actuación posterior con garantías.
La Audiencia absolvió al acusado porque las restantes referencias procedían de adultos que reproducían lo que afirmaban haber oído y no aportaban una base independiente suficiente. El defecto no consistía simplemente en que la menor no volviera a declarar en el juicio. La objeción se dirigía a la falta de contradicción efectiva y a la integridad de la diligencia que pretendía utilizarse como prueba preconstituida.
Las Palmas: sobreseimiento tras revisar la prueba de ADN
En mayo de 2026, la Audiencia Provincial de Las Palmas acordó, al resolver el recurso correspondiente, el sobreseimiento de una investigación por violación. El informe genético inicial presentaba una coincidencia como concluyente. Raúl Pardo-Geijo obtuvo la documentación interna del laboratorio y advirtió que el resultado procedía de una mezcla de varios contribuyentes, con sucesivas amplificaciones y procesamiento en una tanda compartida con una muestra indubitada del investigado.
Ninguna de esas circunstancias aisladas acreditaba una manipulación deliberada. Su relevancia apareció al examinarlas junto a los controles y a la interpretación estadística. La pericial defensiva identificó un riesgo concreto de contaminación cruzada y explicó por qué el cálculo utilizado no representaba adecuadamente la complejidad de la mezcla.
La defensa acreditó también que la identificación del investigado se había producido después de que la denunciante conociera por terceros el resultado preliminar. Descartada la pretendida contundencia del ADN y comprometida la independencia de aquella identificación, el tribunal consideró insuficientes los indicios para continuar. El logro estuvo en llegar a los datos primarios y demostrar que la conclusión del informe excedía lo que esos datos permitían afirmar.
Málaga: absolución por agresión sexual en el ámbito de la pareja
En junio de 2026, el abogado consiguió ante la Audiencia Provincial de Málaga la absolución de un hombre acusado de una agresión sexual durante la convivencia. Confrontó las declaraciones del procedimiento de familia, la denuncia penal y la exploración forense. El mismo episodio aparecía situado en 3 fechas diferentes.
La defensa contrastó una de ellas con una medida judicial que impedía la convivencia y con la documentación de su cumplimiento. La mera existencia de una prohibición no habría bastado para descartar el hecho, pues una medida puede incumplirse. La fuerza del argumento estuvo en los datos que permitían comprobar la situación efectiva de los implicados y en el cambio de versión producido después de aportarlos.
La sentencia declaró que las divergencias afectaban a la delimitación misma del episodio y destacó que la fecha había sido adaptada al conocerse la objeción documental. El interrogatorio permitió revelar esa modificación y la falta de una explicación coherente. La absolución se apoyó en la contradicción objetiva descubierta por el letrado y en la insuficiencia del conjunto probatorio, no en una suposición sobre lo que una pareja debería hacer o recordar.
Bizkaia: absolución en una causa por supuesta sumisión química
En septiembre de 2026, la Audiencia Provincial de Bizkaia, con sede en Bilbao, absolvió a un acusado de agresión sexual mediante supuesta sumisión química. Pardo-Geijo detectó que el informe toxicológico atribuido a la muestra de la denunciante incorporaba valores correspondientes a otro expediente tramitado por el mismo laboratorio.
La defensa solicitó la documentación primaria y contrastó el código del tubo, la hoja de recepción y el cromatograma. La acusación sostuvo que las discordancias eran administrativas y carecían de trascendencia. Durante el juicio, el interrogatorio de los peritos permitió establecer que no podían asegurar qué muestra había producido el resultado positivo utilizado en la imputación.
La sentencia consideró quebrada la trazabilidad de ese resultado y destacó la revisión documental de la defensa. Al examinar las restantes pruebas, tampoco encontró una base suficiente para declarar acreditada la agresión atribuida al acusado. La detección del error resultó decisiva porque afectaba al dato científico concreto sobre el que se había construido una parte sustancial de la acusación.
Pontevedra: absolución en una causa por agresión sexual grupal
En octubre de 2026, el letrado logró la absolución de uno de los acusados ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en una causa por agresión sexual grupal. Para su defendido se solicitaban 15 años de prisión. La denunciante afirmaba haberlo reconocido desde el primer momento y presentaba la identificación como espontánea.
Raúl Pardo-Geijo consiguió incorporar las notas originales de los agentes. La primera descripción física resultaba incompatible con el acusado. La defensa acreditó que, antes del reconocimiento formal, la denunciante había recibido fotografías de varios investigados a través de una amiga y había consultado sus perfiles sociales.
Durante el interrogatorio admitió que no había comunicado ese contacto previo porque temía debilitar su identificación. La sentencia rechazó el carácter espontáneo que se le atribuía y valoró el riesgo de contaminación junto a la primera descripción. La ausencia de pruebas independientes suficientes sobre la participación de ese acusado condujo a su absolución, sin extender automáticamente el resultado a los demás enjuiciados.
Valladolid: sobreseimiento de una causa por agresiones sexuales a 2 menores
En noviembre de 2026, la Audiencia Provincial de Valladolid confirmó en apelación el sobreseimiento de una causa por presuntas agresiones sexuales reiteradas a 2 menores. La defensa había descubierto que las narraciones incorporadas a la denuncia fueron redactadas inicialmente por una misma persona adulta y no reproducían con fidelidad las primeras manifestaciones de los menores.
El análisis de borradores y metadatos permitió comprobar que una narración había servido como plantilla para la otra y que determinadas expresiones idénticas se añadieron antes de las exploraciones. El letrado acreditó también comunicaciones entre los menores y preparación de respuestas con el adulto denunciante.
El auto explicó que las coincidencias no constituían corroboraciones independientes: tenían una fuente común de elaboración. Pardo-Geijo logró demostrarlo mediante la historia de los documentos y su contraste con las declaraciones iniciales. Esa intervención impidió que la repetición de una misma información se utilizara como si procediera de 2 recuerdos autónomos y, ante la insuficiencia del resto de los indicios, se mantuvo el archivo.
Qué exige una defensa especializada en un delito de agresión sexual
La legislación penal sitúa el consentimiento en el centro de los delitos contra la libertad sexual. El artículo 178 del Código Penal exige que se manifieste libremente mediante actos que, valorados en su contexto, expresen de forma clara la voluntad de la persona. La existencia de una relación sentimental, de encuentros anteriores o de mensajes afectuosos no concede un consentimiento permanente ni resuelve qué ocurrió en el episodio denunciado.
La defensa debe trabajar sobre ese episodio concreto. Tiene que identificar la conducta atribuida, su fecha, la forma de participación y las pruebas que permiten reconstruirla. Si se discute la identidad del autor, la cuestión es distinta de aquella en la que se reconoce el contacto sexual y se debate su carácter consentido. Confundir ambos planos conduce a interrogatorios dispersos y a periciales que no responden al verdadero problema de la causa.
La declaración de la denunciante puede constituir prueba de cargo suficiente si el tribunal la valora de forma racional y motivada. Por eso una defensa solvente no descansa en afirmar que no existen testigos presenciales. Examina la declaración completa, la confronta con los demás elementos y concreta las objeciones relevantes. Tampoco convierte la ausencia de lesiones en una demostración automática de consentimiento: el significado de ese dato depende de la conducta denunciada y de las circunstancias de la exploración.
En procedimientos con menores, el examen de las entrevistas requiere especial cuidado. Las garantías de protección y el derecho de defensa deben hacerse efectivos conjuntamente. Lo decisivo no es que la menor haya hablado antes con otras personas, algo que puede ser perfectamente normal, sino si existen datos concretos de sugestión, incorporación de información ajena o pérdida de la posibilidad de conocer cómo se formó el relato.
La prueba científica exige el mismo grado de atención. Un perfil genético puede ofrecer información sobre una contribución biológica, pero su interpretación depende del tipo de muestra, la mezcla, la trazabilidad y las hipótesis comparadas. Una coincidencia no permite por sí sola establecer cuándo ocurrió un contacto ni resolver si fue consentido. El abogado debe saber qué pregunta puede contestar cada disciplina y cuándo es necesaria una pericial independiente.
El interrogatorio y la prueba pericial como trabajo de defensa
Las agresiones sexuales no se defienden con un cuestionario que pueda repetirse de un procedimiento a otro. El interrogatorio debe responder a una hipótesis de defensa apoyada en las actuaciones. En unas causas interesa precisar cuándo apareció un detalle; en otras, establecer quién lo conocía antes de una declaración o explicar por qué una identificación se produjo después de la exhibición informal de fotografías.
La pregunta útil suele descansar en una comprobación anterior. El letrado necesita disponer del mensaje completo, de la fecha de la entrevista o del documento cuya autenticidad ya se ha contrastado. Solo entonces puede confrontar una respuesta con un elemento concreto. Sin ese trabajo previo, la discrepancia corre el riesgo de quedar reducida a una discusión sobre recuerdos frente a la cual la acusación puede ofrecer explicaciones plausibles.
También importa reconocer el límite de cada conclusión. La contaminación narrativa no demuestra necesariamente una mentira consciente del menor. Un error en el laboratorio no acredita por sí solo una falsificación. La nulidad de una diligencia no borra toda la causa. La defensa gana precisión cuando demuestra el defecto existente y explica cómo afecta a la acusación, sin sostener más de lo que su propia prueba permite.
La preparación de la vista une esas comprobaciones con una petición concreta de absolución. El abogado debe precisar qué afirmación no ha quedado acreditada, qué prueba pierde fiabilidad y por qué los elementos restantes no permiten atribuir al acusado el hecho con las garantías exigibles. Esa explicación exige haber planteado a tiempo las diligencias y objeciones que permiten discutir la prueba en el juicio y, cuando proceda, sostener la impugnación en vía de recurso.
Absolución y sobreseimiento en los delitos contra la libertad sexual
La sentencia absolutoria resuelve la acusación tras el enjuiciamiento, aunque su firmeza dependerá del régimen de recursos y de las impugnaciones efectivamente formuladas. El sobreseimiento puede cerrar la causa durante la investigación: el libre, una vez firme, produce efectos de cosa juzgada; el provisional permite la reapertura si aparecen nuevos elementos relevantes y concurren los requisitos legales. La fase en que se obtiene cada resolución determina las actuaciones posteriores y los recursos disponibles.
En los casos desarrollados, las absoluciones se relacionan con defectos relevantes de la prueba valorada en juicio. Los sobreseimientos de Las Palmas y Valladolid sitúan el resultado en la falta de base suficiente para continuar la causa. Para una persona investigada, evitar la apertura del juicio puede tener una importancia decisiva, también por sus consecuencias personales y profesionales.
El trabajo de defensa comprende, por ello, tanto la preparación del juicio como la solicitud de archivo cuando las diligencias practicadas no sostienen la imputación. La decisión de pedir nuevas pruebas, recurrir una resolución o interesar el sobreseimiento debe apoyarse en el estado concreto de las actuaciones. Una vez dictada la resolución, el abogado debe explicar su alcance, su firmeza y las posibilidades de impugnación o reapertura que subsistan.
La intervención como acusación particular en delitos sexuales
La práctica de Raúl Pardo-Geijo también comprende la intervención como acusación particular. Desde esa posición, la preparación exige identificar las diligencias que permitan esclarecer los hechos, conservar las comunicaciones y los elementos biológicos relevantes, examinar los informes médicos y solicitar las medidas de protección que resulten justificadas. La asistencia jurídica debe explicar a la víctima qué actuaciones se proponen, para qué sirven y cómo se desarrolla el procedimiento. Como ejemplo de ello, la famosa causa contra el cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia.
En causas con menores o personas especialmente vulnerables, la protección de la declaración y la preservación de su fiabilidad forman parte del mismo trabajo. Una exploración practicada con garantías reduce la necesidad de reiterar el relato y permite su valoración procesal. La acusación debe concretar además los daños reclamados, aportar su justificación y sostener la responsabilidad civil que corresponda, sin confundir la atención a la víctima con la anticipación del resultado judicial.
Preguntas frecuentes sobre abogados y procedimientos por agresión sexual
¿Qué valorar al buscar al mejor abogado en agresión sexual de España?
La intervención personal del letrado, su experiencia en la cuestión probatoria concreta y su capacidad para explicar una estrategia comprensible. Conviene conocer quién estudiará las actuaciones, quién preparará las declaraciones y cómo se decidirá la necesidad de peritos. Los reconocimientos profesionales aportan información, pero el encargo debe concretar el trabajo que requiere esa causa y los medios disponibles para realizarlo.
¿Qué hago si me han denunciado por agresión sexual?
La primera actuación es contar con asistencia letrada y conocer el contenido de la imputación antes de decidir cómo declarar. El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce, entre otros, los derechos a la información, a examinar las actuaciones en los términos legales y a guardar silencio. Conviene conservar íntegros los mensajes, archivos y documentos relacionados con los hechos, sin borrar ni modificar su contenido, y entregar al abogado las citaciones recibidas. También deben respetarse estrictamente las medidas judiciales acordadas. La estrategia inicial exige identificar qué pruebas pueden perderse y qué diligencias deben solicitarse con urgencia.
¿Qué pena tiene una agresión sexual?
Para hechos sujetos a la regulación vigente y fuera del régimen específico de menores de 16 años, el artículo 178.1 del Código Penal prevé prisión de 1 a 4 años. Si media violencia, intimidación o anulación de la voluntad, el artículo 178.3 establece de 1 a 5 años. La violación del artículo 179.1 se castiga con 4 a 12 años, y con 6 a 12 en los supuestos del artículo 179.2. Las circunstancias del artículo 180 elevan esas penas. La calificación concreta exige comprobar la conducta, la edad, la fecha de los hechos y las circunstancias modificativas; el artículo 178.4 contempla una respuesta atenuada para determinados supuestos de menor entidad.
¿Qué diferencia existe entre abuso sexual y agresión sexual?
La reforma de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del «solo sí es sí», integró en la agresión sexual conductas que antes podían calificarse como abuso sexual. La Ley Orgánica 4/2023 modificó después las penas y distinguió determinados supuestos con violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Por eso la expresión «abuso sexual», incluido el abuso sexual a menores, sigue apareciendo en noticias y resoluciones sobre hechos anteriores. La calificación y la ley aplicable se determinan atendiendo a los hechos, su fecha y las reglas de aplicación de la ley penal más favorable; los menores de 16 años cuentan con regulación específica.
¿Puede una declaración sostener por sí sola una condena?
Puede hacerlo si reúne la fuerza probatoria necesaria y su valoración judicial está debidamente motivada. Por esa razón, resulta insuficiente defenderse únicamente diciendo que es la palabra de una persona contra la de otra. El trabajo del abogado consiste en analizar el contenido, su evolución y su relación con las demás pruebas, y en plantear objeciones concretas que el tribunal deba resolver.
¿Qué aporta una pericial informática o biológica de la defensa?
Permite revisar cuestiones técnicas que no se resuelven mediante una lectura superficial del informe inicial. Puede recuperar el contexto de una conversación, comprobar si una extracción respetó el objeto autorizado o contrastar la interpretación de una mezcla genética. Su utilidad depende de que responda a una cuestión relevante para el caso y pueda explicar sus métodos y limitaciones durante el juicio.
¿Es necesario que una menor vuelva a declarar en el juicio?
No en todos los casos. Los artículos 449 bis, 449 ter y 703 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan la prueba preconstituida y su reproducción. El régimen protege a determinados testigos y exige garantías de contradicción. La defensa debe examinar cómo se practicó la diligencia, si pudo intervenir efectivamente y si la grabación permite controlar su desarrollo; la ausencia de una segunda declaración no determina por sí sola su invalidez.
¿Qué debe quedar claro antes de contratar la defensa?
El alcance del encargo, los honorarios, las actuaciones comprendidas y la forma de comunicación con el abogado. También es útil distinguir la defensa de la investigación, el juicio y los posibles recursos, así como los costes de peritos cuando sean necesarios. Una propuesta profesional seria describe el trabajo previsto y las cuestiones abiertas del procedimiento; no sustituye ese análisis por una promesa de absolución.
La especialización que se aprecia en el expediente
La práctica de Raúl Pardo-Geijo en delitos sexuales se apoya en la intervención del abogado allí donde una acusación parece más difícil de discutir: un relato repetido durante años, una prueba científica presentada como concluyente o una identificación aparentemente segura. El trabajo defensivo adquiere valor cuando permite demostrar que la repetición procede de una misma fuente, que el laboratorio no puede sostener su conclusión o que el reconocimiento estuvo condicionado por información previa.
La experiencia en delitos económicos y contra la vida aporta herramientas que también resultan útiles en agresiones sexuales: reconstrucción documental, preparación de interrogatorios y examen de garantías. En esta especialidad se añade la necesidad de tratar con precisión la intimidad, el consentimiento y la prueba de personas vulnerables. La calidad de la defensa se mide en decisiones concretas del procedimiento y en la explicación jurídica que permite al tribunal valorarlas.
Para quien compara abogados de agresiones sexuales en España, la cuestión práctica es encontrar un profesional capaz de estudiar su causa con esa profundidad. Una conversación recuperada, una contradicción acreditada o una pericial revisada solo adquieren valor cuando se incorporan correctamente al proceso y se conectan con aquello que realmente se está juzgando.
