En dicha proposición se plantea que "un importante número de usuarios de telefonía fija y móvil han sido víctimas de facturaciones masivas por llamadas no realizadas sujetas a tarificación especial" a números con prefijo 905.
El texto de la proposición no de ley indica textualmente que "según las organizaciones de consumidores, las víctimas de la facturación de llamadas falsas a líneas 905 se extienden a las diecisiete Comunidades Autónomas. Sus facturas incluyen decenas, cientos e incluso miles de llamadas a teléfonos de concursos con prefijo 905 que en realidad no se realizaron. Su duración suele oscilar entre 1 y 5 segundos y en muchos casos se repiten en intervalos de tiempo de sólo 4 segundos lo que implica que el usuario no pudo realizarlas al serle materialmente imposible".
De esta manera, el Congreso ha instado al Gobierno a "cuantificar el número de usuarios afectados y el volumen de la facturación de las llamadas falsas a líneas 905" y a "adoptar las medidas de carácter administrativo y jurisdiccional que sean precisas contra las facturaciones indebidas".
Del mismo modo, reclama que "a través del Instituto Nacional del Consumo, se coordinen las actuaciones por parte de las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo".
Finalmente, insta al Gobierno a "adoptar las medidas que sean necesarias para que los usuarios afectados no se vean obligados a pagar las cantidades que se les reclama por parte de las operadoras telefónicas".
Imagen CC de Benidorm Town
