Tus derechos ante una inspección fiscal

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La Agencia Tributaria está en su derecho de iniciar una inspección fiscal siempre que detecte indicios de fraude fiscal (lo más normal es que aparezcan al cruzar datos entre contribuyentes como por ejemplo un casero y su arrendado). Las Actuaciones que lleva a cabo este organismo se encuentran reguladas por la ley 58/2003 y el Real Decreto 1064/2007 por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributarias.



El ministerio de Economía y Hacienda enumera una serie de derechos fiscales del contribuyente, algunos de los cuales son de especial interés una vez que ha comenzado el proceso de inspección fiscal. Los más interesantes son:

  1. Derecho a que las actuaciones ante la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo de la forma menos gravosa.
  2. Derecho a ser informado de la valoración de los bienes inmuebles que vayan a ser enajenados o adquiridos.
  3. Derecho a formular alegaciones y aportar documentación, y a ser oído en el trámite de audiencia ante de la propuesta de resolución de expedientes.
  4. Derecho a ser informado al comienzo de las actuaciones de comprobación e investigación por la inspección de los tributos acerca de su naturaleza y alcance, de los derechos que le asisten durante las mismas y a que éstas se desarrollen en los plazos legales.

Una inspección fiscal de la Agencia Tributaria suele resolverse rápidamente y el procedimiento suele ser sencillo. En la inmensa mayoría de los casos todo empieza con una carta de Hacienda indicando el requerimiento de los datos, o, si ya dispone de los mismos, la sanción impuesta.

A partir de recibir ese comunicado el contribuyente puede atenerse a las indicaciones y cumplir con la sanción o presentar las alegaciones que estime oportunas en el plazo legalmente establecido, que suele ser de 10 días.

Cuando en uno de estos procedimientos el obligado tributario alegue falsedad o inexactitud de los datos incluidos en el requerimiento, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días, a contar a partir del día siguiente a aquel en que dichos datos le sean puestos de manifiesto por la Administración Tributaria mediante una comunicación o diligencia.

Imagen sujeta a licencia CC de USACE Europe District

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Categorías: Fiscal
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    Mercedes Medina Hernandez

    Buenas noches,yo tengo lupus heritomatoso sistémico , fibromialgia,tiroides,ipertencion,pielonefritis renal crónica, y te bgo 50 años y tengo 1366 semanas cotizadas,pero el especialista dice que así me valla a trabajar el me puso en mi resumen que tengo que usar bastón para irme a trabajar así que yo aveces no aguanto los dolores delis pies así que me gustaría saber si hay alguna manera de la pensión my médico familiar es el que siempre me ha dado incapacitada tengo como más de un año incapacitada por medio de mi médico familiar y el me ha dicho que la resolución es del especialista ahy como se debe presionar po as ra la pensión

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    GalizaCeive

    Hola a todos/as, necesitaba consultar una duda relativo a los seguros de hogar , ya que un amigo ha contratado un seguro de hogar y la correduría no le ha tasado el contenido de la vivienda .Por eso mi pregunta es si la no tasación de la vivienda es legal ? y como podría recoger más información sobre esta correduría de seguros ? ya que este tema me suena a estafa y me parece que no le van a cubrir nada cuando sea el momento ya que la casa es una casa vieja de 1925 de poco valor y la han asegurado por más de 120.000 euros. La correduría de seguros se llama Seculler de la cual he encontrado esta información que a continuación os expongo :alainpuyo
    ¿Pueden las telarañas y el polvo estar valorados en 120.000 euros? Este parece ser el caso de la casa de Arrigada, en Cambre, cuyo contenido fue estimado por esta cantidad en su póliza hasta hace poco, a pesar de que el inmueble lleva vacío durante años. Ésta es sólo una de las supuestas irregularidades en materia de seguros que la técnico económico financiera del Concello ha puesto en conocimiento de la fiscal jefe de A Coruña para que determine si hay, o no, indicios de delito en estas actuaciones

    ANA BLASCO | CAMBRE ¿Qué puede albergar un edificio de propiedad municipal por 120.000 euros? Mobiliario, aparatos de electrónica, obras de arte… Pues no. El edificio de Arrigada, cuyo contenido está valorado en esta cantidad en una antigua póliza de seguros, está vacío y cerrado desde hace años.

    Así lo recoge la denuncia presentada ante la Fiscalía de A Coruña por la técnico económico financiera municipal.

    Cuando el Concello de Cambre decidió dejar de cubrir los riesgos de los usuarios y contenidos fantasmas de este inmueble y contrató una nueva póliza, con otra compañía, se ahorró 1.282 euros.

    Sin embargo, de pagar un seguro excesivo pasaron, al poco tiempo, a no pagar ninguno. La funcionaria denuncia que, por no abonar en plazo el nuevo recibo, la póliza fue anulada y la casa de Arrigada se halla ahora sin asegurar.

    No es el único caso. Según la denuncia, los riesgos de numerosos edificios municipales se encuentran sin cubrir. Aunque, tampoco es que valga de mucho, ya que el Concello no reclama daños y perjuicios por la comisión de robos o actos vandálicos en los edificios municipales que sí están asegurados contra esos riesgos.

    Mientras unos inmuebles municipales carecen de pólizas, otros la mantienen al pasar a mejor vida. En la amplia documentación de la que dispone la Fiscalía se denuncia que, “en fechas recientes”, se ha anulado una póliza de un edificio que había sido demolido hace varios años.

    El que continúa siendo asegurado, a pesar de que no alberga ninguna función, es el parvulario de Os Campóns.

    Todos estos seguros, tal y como se recoge en la denuncia presentado ante la Fiscalía, son facturados por la correduría Seculler, al igual que otros muchos: los de vehículos municipales, colegios, el centro de salud o la Casa Consistorial. En el año 2007, el volumen de contratación con esta empresa fue de 147.337,17 euros.

    La mecánica habitual es pagar los recibos que envía dicha correduría, sin comprobar la existencia de mejores ofertas y sin existir ningún procedimiento de contratación, según explica la técnico económico financiera.

    El Gobierno local, preguntado por estas cuestiones, no ha querido ofrecer ningún tipo de explicación para “no entrar en un juicio paralelo” a la investigación que desarrolla la fiscal.

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