Con vistas a resolver quién tiene la competencia judicial en esta materia, la Sala segunda del Tribunal Supremo ha acordado que la competencia sobre las fosas del franquismo corresponde a los Juzgados de instrucción de los lugares donde ocurrieron lo hechos. Con esta resolución se declara que no es competente para ello la Audiencia Nacional.
De esta manera serán los Juzgados de cada uno de los lugares los que conocerán de la tramitación de las diligencias abiertas para localizar e identificar los restos mortales de los desaparecidos en la Guerra Civil y la posguerra.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo aprovecha esta resolución para hacer hincapié en que no cabe exigir el enjuiciamiento penal de los autores de los actos sobre los que se busca esclarecer los hechos y localizar los cadáveres. Hace expresa referencia la resolución a que no se trata de delitos contra la humanidad y que, por tanto, las acciones criminales denunciadas han prescrito.
Aún así, sí que se reconoce que se pueda instar al Juez de instrucción de que se trate para que practique las diligencias oportunas que permitan fechar las acciones criminales con el fin de identificar a los afectados y poder localizar los cadáveres de los represaliados.
El Supremo entiende con esto que " los restos de quienes han sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento". De este modo se reconoce el derecho de las familias a buscarlo y exigir de la justicia que investigue para poder localizar a los represaliados, exhumarlos y enterrarlos donde cada familia considere.
El Tribunal Supremo, por tanto, resuelve la cuestión de competencia en favor de los Juzgados de Instrucción locales donde se presenten los casos y les ordena que tramiten las diligencias de investigación para que se ajusten a derecho.
