La Ley de Dependencia fue aprobada en diciembre del 2006 y recoge los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que no pueden valerse por sí mismos por encontrarse en situación de dependencia.
El Estado y las Comunidades Autónomas, se han dotado de unos recursos y prestaciones a los que podrán acceder todas aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Dependencia. Sin embargo, en muchos casos, los afectados no han podido acceder a ellos en el tiempo y forma adecuados.
Con esta Ley nace el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, conocido como el SAAD. A través de esta ley se pretende alcanzar la autonomía personal de las personas dependientes y de sus cuidadores.
De la propia Ley de Dependencia se pueden extraer una serie de definiciones que nos pueden ayudar a comprender mejor qué se entiende por Autonomía, por Dependencia y cuáles son los Grados de esta última.
La Ley clasifica las situaciones de dependencia en tres grados.
Los organismos competentes de cada Comunidad Autónoma serán los encargados de aplicar el baremo de medición oficial y común a todo el estado. Este grado de dependencia sirve para repartir los recursos y prestaciones según las necesidades de cada caso.
Los grados de dependencia estipulados por la Ley de Dependencia son los siguientes:
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