Incluye la compra y venta electrónica de bienes o servicios, y también el uso de Internet, para actividades anteriores o posteriores a la venta.
Entre estas actividades se encuentran la publicidad, contacto entre cliente y proveedor, búsqueda e intercambio de información, negociaciones, atención al cliente, venta y distribución, pago electrónico, cumplimentación de trámites administrativos y colaboración entre empresas.
Para prevenir riesgos jurídicos, ten en cuenta los siguientes consejos:
1- Seguir las normas de protección de datos
Deben ser revisadas las siguientes áreas, como: formularios de datos, obtención no consentida de datos personales a través de cookies, JavaS-C-R-I-P-T, ActiveX y foros públicos, información de la política de la empresa, derechos de acceso, rectificación, cancelación y medidas de seguridad en el tratamiento de datos; así como documento de seguridad específico para comercio electrónico.
2- Adecuarse a las normas específicas de contratación electrónica
La empresa deberá adecuar su plataforma de comercio electrónico a la normativa de las condiciones generales de contratación, cumplir la normativa de venta a distancia y la ley de comercio electrónico, tener en cuenta la legislación sobre firma electrónica, medios de pago electrónicos, y facturación electrónica y establecer medidas para la prevención de impagados en Internet.
3- Prevención de supuestos de responsabilidad civil
Las medidas preventivas deberán extenderse a la responsabilidad civil derivada de los contenidos, links, productos y servicios defectuosos, virus, caché de los navegadores y otros elementos inherentes al uso de Internet.
4- Resolución de conflictos
El carácter global de la red obliga a tener en cuenta la legislación aplicable a la transacción y la jurisdicción competente en caso de conflicto, siendo recomendado el arbitraje.
5- Prevención de fraudes y delitos
La medidas preventivas deberán extenderse a la prevención de estafas electrónicas, daños informáticos, interceptación de pedidos, comunicaciones y transacciones comerciales, revelación de secretos, bloqueo de dinero y falsedad documental.
