Una de las médidas encaminadas a conseguirlo, al menos en la segunda instancia, es el aumento de las tasas judiciales para los ciudadanos.
La subida de las tasas no supondrá que la Justicia deje de ser gratuita para aquellas personas que lo necesiten, ya que este es un principio básico de nuestro sistema judicial.
El objetivo de esta medida es que aquellas personas que tengan recursos económicos abonen mayores tasas a la hora de recurrir una sentencia judicial, es decir en la segunda instancia. La idea es que estas tasas no vayan a parar a las arcas del Estado, como sucedía hasta ahora, sino que sirvan para pagar la justicia gratuita de aquellos que no pueden permitirse pagarla.
La medida pretende que, al resultar más caro acudir a un juicio en el orden que sea en segunda instancia, se reduzcan el número de recursos contra las sentencias y se evite así la saturación de ciertos Juzgados.
Como está ocurriendo con otras muchas propuestas, esta medida no ha pasado inadvertida y ha generado cierta polémica, ya que se perjudica a las clases medias.
La defensa de este argumento es que aquellos que no tienen rentas bajas o derecho a justicia gratuita no siempre pueden abonar el elevado coste de un juicio. Visto así se estarían limitando las opciones de recurso a aquellos que tengan más dinero, lo que iría en contra del derecho de todo el mundo a la justicia.
Veremos en qué se traduce finalmente la medida, ya que se deberán articular fórmulas que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a una eficiencia de la Justicia, en todos los casos.
Así se iguala a todo el mundo por abajo dejándonos a la mayoría a los pies de los caballos de una minoría dominante:así pasamos a ser países subdesarrollados con reyezuelos. Hemos vuelto a la edad media. ¡¡Cómo lo podemos consentir!!!