El sistema sanitario público, tal y como lo conocemos actualmente, se financia única y exclusivamente a través de los impuestos de todos los españoles. Fiscalmente hablando, esto supone que cada uno contribuye en función de sus rentas. Por lo tanto, el sistema sanitario se financia por parte de todos aquellos que contribuyen con sus impuestos, cada uno en mayor o en menor medida.
Si se introduce el copago estaremos hablando de dos formas de financiación del sistema sanitario, continuará la fiscal pero se añade una de financiación directa. Esto significa que una parte del dinero que gastemos en sanidad como pacientes la pagaremos de nuestro bolsillo en el momento en que la utilicemos.
Sin duda, no se está hablando de la mitad del importe, más bien de cierta cantidad, en función de cuál sea el tratamiento, para así cubrir una pequeña parte del gasto de modo directo.
El objetivo que se pretende conseguir con este sistema, en caso de aplicarse, va en dos líneas. Por un lado, se pretende reducir una pequeña parte del gasto sanitario, dejando que los usuarios la asuman. Por otro lado, se pretende concienciar a la población para que haga un uso responsable de la sanidad, evitando que se acuda al médico o se soliciten tratamientos que no sean necesarios.
De aprobarse esta medida surge la duda de cómo se va a llevar a cabo ese pago, si se abonará en el momento o remitirán al usuario una factura mensual o trimestral para que este último la abone.
La diferencia es mucha, pues es posible que haya personas que no puedan asumir el coste del pago y dejen de acudir al médico hasta que su enfermedad sea más grave y, en consecuencia, el gasto sanitario sea mucho mayor, entre otras muchas cosas.
