Esta situación está provocando que cada vez más entidades financieras se vean en serios problemas para pagar sus deudas a otras entidades extranjeras, ya que no cuentan con liquidez y sus activos son en su mayoría inmuebles. Ante este panorama, los bancos se ven en la obligación de reducir considerablemente el precio de estas viviendas. Pero el principal problema viene dado porque la mitad de los 308.000 millones en préstamos hipotecarios que mantiene la banca española son problemáticos o invendibles, por lo que les va a resultar muy difícil recuperar parte de la inversión y dar salida a esas viviendas en el mercado.
De hecho, del total de viviendas en manos de la banca, entre 620.000 y 720.000 son usadas y cerca de 683.000 son vivienda nueva. De las primeras, un porcentaje muy alto se trataría de estos inmuebles invendibles.
Y es que si el problema de la deuda pública es grave, no menos (e incluso peor) es el de la deuda privada que han ido acumulando los banco en los últimos años. Esta situación va a provocar que muchas entidades se vayan a la quiebra y terminen por desaparecer si no son intervenidas antes. El último ejemplo lo tenemos con el Banco de Valencia, que, como otras tantas entidades, se enriqueció gracias al negocio inmobiliario y ahora ve como su avaricia ha terminado por romper el saco.
Según señala el importante portal de información financiera Bloomberg, después de consultar con distintos expertos, el sector bancario español podría tardar hasta 40 años en dar salida en el mercado tanto a las viviendas que tiene en su propiedad como del suelo, con las millonarias pérdidas inmobiliarias que ello conlleva. De hecho, sólo las cuatro grandes (Santander, BBVA, La Caixa y Bankia) podrían hacer frente a estas perdidas.
Como se suele decir, que cada palo aguante su vela. Así lo expresó también Mariano Rajoy hace poco, haciendo referencia a que si se dieron hipotecas por un mayor valor del que tienen ahora, serán las entidades financieras las que tendrán que asumir las consecuencias y las perdidas, y no que seamos los contribuyentes los que tengamos que pagar las consecuencias de la avaricia y la mala gestión de entidades privadas.
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