La dureza de plan provocó que la ministra de Trabajo y Política Social, Elsa Fornero, echará a llorar al anunciar el ajuste, en especial al referirse al fin de las revisiones de las pensiones en función de la inflación, salvo en las pensiones más bajas. Esta medida provocará que la mayoría de jubilados vean como se reduce su paga.
A pesar de la dureza de este importante paquete de medidas, los principales perjudicados en un principio serán los ciudadanos con medidas bastante duras. Y es que del total que se quiere ahorrar, tan sólo 12.000 millones (40%) se obtendrán de una reducción del gasto público. El resto, unos 18.000 millones de euros (60% del total) se recaudarán de los importantes aumentos de impuestos que se han aprobado.
Del total que se pretende ahorrar, 20.000 millones de euros se utilizarán a reducir el déficit y los otros 10.000 millones tendrán como objetivo impulsar el crecimiento económico.
El plan incluye las siguientes medidas:
- Aumento del IVA en dos puntos porcentuales a partir de septiembre de 2012, que se sitúa en el 23% en el tipo normal.
- Incremento del impuesto de la renta en tramos altos.
- Se prohiben las transacciones en efectivo superiores a 1.000 euros.
- Se establece un impuesto al patrimonio, así como nuevas cargas impositivas sobre bienes de lujo, como automóviles de gama alta, barcos o aviones privados. También se elevan las tasas sobre todos los productos financieros y se implan un impuesto, por ahora experimental, sobre la primera vivienda.
- La jubilación se retrasa hasta los 66 años de edad en hombres y 62 en mujeres en 2012, con una penalización del 3% por año para los que se jubilen antes. En 2018, la edad de jubilación será de 66 años para hombres y mujeres.
- Congelación de pensiones superiores a 960 euros.
- Se reducen los cargos políticos de la administración local y rebaja en 5.000 millones de euros las transferencias que perciben desde el Gobierno central.
- Se eliminan todos los obstáculos para la apertura de nuevos negocios.
- Desaparecen también los límites de horario y de día de apertura para los comercios.
Este paquete de medidas presentadas en el decreto deberán ser aprobadas en un plazo de 60 días. Será el momento de comprobar si este duro plan tiene los efectos positivos que se buscan y si consiguen recuperar la credibilidad del país transalpino.
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