Impuesto sobre el patrimonio

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El impuesto sobre el patrimonio ha sido uno de los protagonistas de estos últimos días ya que el Gobierno español  ha decidido reactivarlo tras su supresión (por este mismo Ejecutivo) en diciembre de 2007.

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Al ser suprimido y no eliminado, el impuesto sobre el patrimonio ha podido ser recuperado mediante un Decreto Ley sin necesidad de promulgar una nueva Ley. El 1 de enero de 2008 se excluía de pagar dicho impuesto a todos los contribuyentes, suprimiéndose también la obligación de presentar la declaración correspondiente.

Este tipo de impuesto es de carácter directo y progresivo, se aplica sobre el patrimonio personal de las personas físicas (no sobre los ingresos o transacciones y tampoco sobre las empresas) y se calcula en base al valor de todos los bienes del sujeto pasivo como complemento al IRPF.

La recaudación y la gestión de este impuesto es competencia de las comunidades autónomas y por lo que se ve, en la mayoría de aquellas en las que gobierna el PP no será aplicado.

Este impuesto obligaba a declarar, antes de ser suprimido, a aquellos contribuyentes cuya base imponible fuese superior a los 108.182 euros (el valor de los bienes una vez descontadas las cargas o gravámenes, como las hipotecas), o cuando el valor de los bienes y derechos excediera de 601.012 euros. Sin embargo, los contribuyentes estaban exentos de declarar bienes como la vivienda habitual o el negocio que supusiera la principal fuente de ingresos, siempre que estos no superaren los 150.253 euros.

Ahora, y según ha hecho público un miembro del Ejecutivo, la idea es que declaren este patrimonio las grandes fortunas (aquellas con más de un millón de euros en patrimonio).

En 2007, el impuesto sobre el patrimonio afectaba a más de 900.000 personas y con él se recaudaban unos 2.100 millones de euros. En la actualidad se espera afecte a unas 90.000 personas y la recaudación se estima en unos 1.400 millones de euros.

Esta medida, entendida por muchos como puramente electoralista, no va a ser seguida por comunidades como Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha y Aragón. Otras como Extremadura, Andalucía y Galicia sí son partidarias de restablecerlo.

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