Los 961 euros salen de multiplicar el Salario Mínimo Interprofesional (641 euros) por 1,5. Además, este importe se aumentaría en un 30% adicional del sueldo mínimo por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, lo que significaría que en el caso de que haya dos miembros en esta situación la cantidad ascendería a 1.350 euros.
El Ejecutivo adopta esta medida para intentar reducir drásticamente el número de desahucios e intentar ayudar a las familias en graves problemas por procesos de deuda hipotecaria, y recuerda que es un porcentaje muy superior al acordado en los llamados acuerdos de Zurbano (10%) para la inembargabilidad en procesos de ejecuciones hipotecarias.
Sin embargo, la dación en pago queda rechazada. Es decir, entregar la vivienda no sirve para cancelar la hipoteca. Algo que se venía solicitando desde distintos sectores así como desde el movimiento social del 15 M. Cuando un banco saca a subasta un piso y el dinero obtenido no cubre la deuda hipotecaria, el afectado deberá responder ante la entidad financiera con otros bienes.
El Congreso se mostró de acuerdo en elevar el porcentaje que marca el precio de tasación de las viviendas embargadas. La Ley actual fija que la subasta judicial de un piso queda desierta, el banco puede quedarse el inmueble por el 50% del valor de tasación y exigir al hipotecado la diferencia hasta saldar la deuda.
El Congreso propone además acelerar las subastas judiciales electrónicas para aumentar el número de pujadores y dar salida de una forma más rápida a la ingente cantidad de pisos en estas circunstancias.
Para conseguir que el número de desahucios bajase, sería necesario, entre otras cosas, poner en marcha una serie de nuevas políticas sociales y marcar los límites a las entidades financieras para la concesión de créditos hipotecarios.
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