La ley contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será la que va a encargarse de la gestión de denuncias que se presenten.
Para iniciar un procedimiento de cierre lo primero que deba hacerse es presentar una denuncia. Están habilitados para interponer los titulares de los derechos de autor y sus representantes. Una vez presentada la denuncia se inicia el proceso para conocer sobre quién o quienes están detrás de la página. Esto no siempre es fácil de conseguir y por eso la Ley Sinde autoriza a los proveedores de servicios para que faciliten los datos de los responsables de las páginas web.
Cuando se averigua quién es el titular de la web se le notifica, otorgándole un plazo de 48 horas, para que retire de manera voluntaria los contenidos objeto de la denuncia, o para que presente alegaciones a la demanda.
Si no se retira de manera voluntaria en ese plazo o se opone a través de alegaciones, la Comisión de Propiedad Intelectual dictaminará en el plazo de 3 días si existe vulneración de la propiedad intelectual. Si se observa que hay vulneración, se le solicita que retiren los contenidos de nuevo o se suspende el servicio de la web en un plazo de 24 horas.
Ahora queda por ver la agilidad del procedimiento y cuántas denuncian se presentan para el cierre de páginas web, ya que hay división de opiniones dado que muchos autores no están en contra de que sus contenidos se suban a la red por la publicidad que les supone.
