El proceso se inicia por denuncia de los autores o gestores de sus derechos a través de una Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente de Cultura. Una vez escuchadas las alegaciones de la página y si no han sido retirados los contenidos bajo derechos de autor, la Comisión remite el caso a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, que deben decidir en el plazo de cuatro días si admiten o no la petición del cierre de la página.
Una vez que la Audiencia Nacional reciba la denuncia, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo no entrarán en el fondo del asunto sino que solo decidirán si la medida podría afectar a los derechos fundamentales de los demandantes, dejando en manos de los tribunales ordinarios la resolución del fondo del asunto: la vulneración de los derechos de autor. En caso de cierre de una página web los demandados podrán recurrir a la Audiencia Nacional pero este recurso no frena la ejecución de la medida.
La ley no prevé ninguna medida contra el internauta particular a diferencia de lo que ocurre en Reino Unido o Francia. Descargar archivos seguirá siendo legal, lo que ocurre es que será más complicado poderlos encontrar.
Las paginas más afectadas serán las de "streaming", que permiten ver vídeos sin necesidad de descargárselos, y las de enlaces que no albergan los archivos pero redirigen hacia los sitios donde se encuentran para permitir sus descargas. Sin embargo, sobre los sitios de Hosting (almacenamiento) como Megaupload o Rapidshare no se comenta nada y la ley de momento no especifica si va a ir contra ellos o no.
Una vez aprobada por el Parlamento se redactará un reglamento que desarrolle la ley en aspectos tan importantes como la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual. Se estima que podría entrar en vigor antes de verano.
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