Una de las medidas más destacadas es la recuperación y aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata. Este proyecto, que había quedado en suspenso en la legislatura anterior debido a la convocatoria de elecciones, introduce por primera vez un enfoque integral para abordar el problema de la trata de personas en España. Ana Redondo, Ministra de Igualdad, enfatizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva ley va más allá de la respuesta penal, incorporando también estrategias de prevención, sensibilización social, detección temprana, y asistencia y protección a las víctimas.
Reconocimiento y protección de las víctimas de violencia de género
El anteproyecto destaca por reconocer los derechos de las víctimas de la trata sin la necesidad de interposición de una denuncia. La Ministra Redondo subrayó que la ley facilitará el acceso a derechos fundamentales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), vivienda pública, asistencia legal, y ayudas económicas para las víctimas y sus dependientes, sin requerir una denuncia previa. Este enfoque no punitivista señala un cambio significativo en la política de protección a las víctimas.
Además, se ha aprobado un real decreto para regular la concesión de ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales con bajos ingresos, avanzando así en el desarrollo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Esta medida supone un paso adelante para equiparar los derechos y protecciones de las víctimas de violencias sexuales con las de violencia de género, ofreciendo una red de seguridad económica más robusta.
Mejoras en la seguridad y soporte a las víctimas
El Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han implementado cambios significativos para mejorar la seguridad y el soporte a las víctimas. Desde la actualización de los procedimientos en el sistema Viogén hasta cambios en el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal por violencia de género, estas medidas refuerzan la protección económica y social de las víctimas.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, enfocado en el ámbito de la Administración General del Estado. Esta medida, propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, refleja el compromiso del gobierno con una gestión coherente y efectiva de los casos de acoso, promoviendo un entorno laboral seguro y respetuoso.
La serie de medidas y legislaciones aprobadas bajo la dirección de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, representan un avance significativo hacia la igualdad de género y la protección integral de las mujeres en España. La implementación de estas iniciativas no solo promete brindar el apoyo necesario a las víctimas de violencia y trata, sino que también establece un precedente en la promoción de una sociedad más justa y equitativa.
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