Los últimos meses estamos asistiendo a la crisis del sector aeroportuario. Al cierre de Spanair que dejó a 2.200 trabajadores en el paro le han seguido una cadena de huelgas de forma casi semanal en Iberia que está provocando enormes pérdidas a la compañía. Pero lo más sangrante para los ciudadanos es el despilfarro de dinero público que se ha producido en los últimos años. Y es que en el período 2002-2011 se han concedido subvenciones aéreas en España por valor de más de 250 millones de euros a través de «contratos publicitarios».
Lo peor no es ya sólo una cantidad tan desorbitada, sino que en muchos casos estas subvenciones no eran legales, al saltarse la directiva comunitaria que regula el sector aeroportuario mediante la utilización de contratos de publicidad. Así lo ha desvelado un grupo de investigación académica formado por profesores de las universidades de Salamanca, Zaragoza y la Carlos III de Madrid.
Especialmente sangrante es la período 2007-2010. En estos años, el gobierno socialista y otros entes públicos han aumentado de forma progresiva el importe de estas subvenciones. Así, de los 30 millones de euros que se concedieron en el 2007 se pasó a 62,5 millones de euros en 2009, metidos de lleno ya en la crisis económica que nos sigue asolando, por lo que se entiende aún menos este coste tan alto de las subvenciones aéreas.
Y es que en estos últimos años se ha ayudado a compañías de bajo coste como Ryanair, EasyJet o la misma Spanair con el objetivo de que revitalizarán aeropuertos con poco movimiento. Pero, ¿era rentable dar tantos millones cuando la rentabilidad era más que dudosa? Tal vez sería bueno que los responsables políticos que dieron esas subvenciones rindieran cuentas ahora. Del mismo modo, las que se demostraran que son ilegales deberían acarrear consecuencias legales.
Las cifras hablan por sí solas. Desde el 2002 hasta el 2011 se han construido nada menos que nueve aeropuertos, muchos de los cuales, tal y como hemos visto en las últimas fechas, no tenían casi vuelos, como el de Ciudad Real. A pesar de la liberalización que ha experimentado este sector en los últimos años, la realidad es que las ayudas públicas a compañías privadas son más grandes que nunca.
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