¿Qué es la ley orgánica de procedimientos administrativos?

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La tecnología siempre ha estado ahí para hacer la vida más sencilla a la gente. Siguen pasando los años y los avances tecnológicos siguen haciendo más fácil la vida a aquellos que hacen provechos de estos. Son los propios avances tecnológicos los que explican mejor que es la ley de procedimiento administrativo, una ley que busca la agilización de los procedimientos administrativos incorporando las nuevas tecnologías al ámbito de la administración. Gracias a hacer posible la gestión telemática con la administración, se consigue dotar de una mayor rapidez a todos los procedimientos administrativos, haciendo que sean mucho más eficaces.

¿Qué ventajas tiene esta ley?

Desde la entrada en vigor de la ley 39/2015 nos podemos beneficiar de todas sus ventajas. Uno de los principales objetivos de esta ley, tal y como hemos comentado, es agilizar los procedimientos burocráticos. Si alguna vez has pensado en lo lento que trabaja la burocracia en España, es porque no contaba con una gestión como la que tiene ahora.

De esta forma, la aplicación de esta ley supone un ahorro de tiempo de lo más importante, lo que resultará especialmente útil en aquellos procedimientos en donde una rápida respuesta es de vital importancia. Desde ya, esta ley permite la posibilidad de presentar toda clase de documentos y, también llevar a cabo trámites, a cualquier hora del día en cualquier día de la semana. Esto facilitará mucho las tareas de las empresas y también de las asesorías, por lo podrán mejorar la gestión de las mismas.

¿A quién resulta especialmente interesante esta ley?

Esta ley resulta especialmente interesante a las personas jurídicas. Ahora, las empresas podrán llevar a cabo todos los trámites burocráticos de una forma mucho más rápida y, por lo tanto, podrán acometer proyectos de una mayor envergadura, de forma más rápida y también más sencilla. Sin embargo, estas no serán las únicas beneficiadas, ya que todas las administraciones públicas, dadas a la burocracia, encontrarán un gran alivio a la hora de gestionar todas estas peticiones.

En esencia, esta nueva ley, fomenta una nueva manera de entenderse entre las empresas y la administración pública. En este caso, es obligatorio llevar a cabo la comunicación de manera electrónica con la administración, ya que de esta forma se podrá garantizar la mayor rapidez en el proceso.

Para que esto sea posible, las empresas deben de disponer de un certificado de firma electrónica de una persona física, que será la representante de dicha empresa. Perfectamente puede ser el empresario de la misma o una persona puesta a cargo. Así mismo, se puede contar con el certificado de sello electrónico, ya que persigue el mismo propósito.

Por último, cabe destacar que la empresa puede ser objeto de una sanción económica si no cumple con la obligatoriedad de llevar a cabo dicha comunicación de manera electrónica. La cuantía económica de la sanción podrá diferir dependiendo de los casos, pero refleja la importancia de saber adaptarse a esta situación, a fin de cuentas, todos los usuarios serán los beneficiarios de la misma.

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Categorías: Administrativo
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