Ya lo dijo el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón en sus intervenciones, como también lo anunció la Ministra de Sanidad y es que, en breve, podremos despedirnos de la actual Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Si bien es cierto que el tema genera bastante polémica, y sin entrar en posiciones personales, la actual Ley protegía el derecho de las mujeres a decidir sobre qué hacer en caso de un embarazo no deseado, dejando de lado aquellas épocas en que se acababa relegando a una escala de clínicas privadas casi secretas una decisión tan importante para la salud de una mujer.
La nueva reforma que se plantea acoge el tema desde el punto de vista de los supuesto y no de los plazos. Los supuesto ya existían antes de la nueva Ley y el Gobierno quiere rescatarlos dejando abierta aún la posibilidad de que solo sean aceptables los relativos a daños a la mujer o al feto.
Será el legislador quien se encargará de decidir qué supuestos son aceptables finalmente y están al amparo de la ley y cuales estarán tipificados en el Código Penal como actos ilícitos. Aún no se sabe que repercusión podrá tener esto en las mujeres que decidan abortar y no se puedan acoger a los nuevos supuestos, aunque el Ministro de Justicia insinuó que no habría una persecución penal. Este supuesto es un poco contradictorio porque abre la vía de formulas extrañas.
Esperemos a ver por dónde va el legislador a la hora de establecer estos supuestos, pero sin duda, sea como sea, la polémica está servida.
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