Rumasa estaba integrada por importantes empresas de sectores como la Banca (Banco Atlántico, Banco de Jerez, Banfisa, Eurobank...), grandes almacenes (Galerías Preciados), producción vinícola (Garvey, Bodegas Paternina...) u hostelería (cadena de hoteles "Hotasa). En total, contaba con una plantilla de más de 60.000 personas y tenía una facturación de unos 2.000 millones de euros. El 23 de febrero de 1983 el Gobierno socialista de aquella época decidió la expropiación forzosa del grupo, mediante Decreto-Ley, por la gran complejidad de todo el entramado empresarial de Rumasa.
Como causas se señalaron la defensa de la estabilidad del sistema financiero que se podría ver amenazado, garantizar los derechos de los trabajadores, accionistas y depositantes, así como de proveedores y clientes de las distintas empresas del grupo. El gobierno entendía que el grupo se encontraba en crisis y podía tener graves consecuencias económicas y sociales para el global del país.
Tras esta expropiación se fueron reprivatizando las distintas empresas y se inició una carrera jurídica por parte de su propietario y familia por intentar recuperar el grupo, las distintas empresas e invalidar la decisión del gobierno.
13 años después, en 1996, José María Ruiz-Mateos decidió crear Nueva Rumasa, intentando recupera el modelo del grupo original, pero con cambios en su estructura para intentar evitar otra expropiación. Pasa de ser un holding a un grupo de empresas que se coordinan independientemente pero sin dependencia financiera. Además evitó adquirir bancos y compañías de seguros. Según el propio grupo cuentan con más de 10.000 trabajadores y un patrimonio valorado en 5.900 millones de euros.
Algunas de las empresas que forman Nueva Rumasa son el Grupo Dhul, que integra conocidas marcas como Trapa, Clesa o Elgorriaga. Está metida también en el sector hostelero, con un total de 18 hoteles. Tiene una gran cantidad de bebidas que fabrican en sus bodegas, y es propietaria del equipo de fútbol del Rayo Vallecano.
En esta situación, de nuevo Nueva Rumasa y sus propietarios, la familia Ruiz-Mateos, ha vuelto a saltar a la actualidad al conocerse que cuenta con una deuda de 700 millones de euros con bancos, organismos públicos y distintos acreedores. Destacando especialmente los 434 millones de euros que adeudan entre Clesa y Dhul. Los distintos bancos, como el Banco Santander, están reclamando la deuda y embargando los bienes. La situación se agrava ya que la semana pasada el grupo anunció que sus 10 empresas más importantes se acogían a la nueva Ley concursal para renegociar la deuda e intentar evitar la suspensión de pagos.
Hay que tener en cuenta que en 2009 Nueva Rumasa inició una emisión de pagarés, con un importe mínimo establecido en 3.300 euros, y asegurando que se comprometía a devolver con un 8 % de rentabilidad anual. La Comisión Nacional del Mercado de Valores hizo advertencias de que no habían sido subscritas en el Registro mercantil y sobre el riesgo que suponía. A pesar de ello la empresa asegura que más de 5.000 inversores han confiado en ellos. El problema viene ahora, ya que para evitar una hipotética expropiación por parte del gobierno, el grupo está controlado desde un paraíso fiscal que hace muy difícil controlar todo el entramado, así como sus cuentas. Aunque el grupo ha indicado que no lo ha hecho para evadir impuestos, ni esconder sus cuentas, sino para evitar una posible expropiación mediante un método legal conocido como sándwich holandés. Pero esto mismo es lo que preocupa a los organismos, porque en caso de quiebra sería muy difícil recuperar los 140 millones de euros invertidos por esos 5.000 inversores.
Desde Nueva Rumasa se señala que no hay nada que temer porque es un grupo muy solvente, y que se podría hacer frente al pago de la deuda y del dinero de los inversores. Habrá que ver como evoluciona todo este proceso, de inesperadas consecuencias, lo que está claro es que, a pesar de tener tantas similitudes, los sistemas de protección que se ha buscado Nueva Rumasa hacen casi imposible, llegado el caso, una nueva expropiación.
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