La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento que puede solicitar cualquier persona física que, básicamente, posibilita eliminar una deuda determinada si no existen mecanismos para afrontarla.
Como le pasó a Miguel (caso real), quien, tras naufragar en algunos emprendimientos, contrajo una gran cantidad de deudas y una acumulación de reclamaciones, entre ellas las de cinco entidades bancarias. Lo incluyeron en listas de morosos, lo que desencadenó en un callejón sin salida: no podía comprar productos a plazos o solicitar préstamos para proyectos.
“Fue una situación verdaderamente terrorífica. Cuando llegas a ese punto de no retorno los problemas se multiplican. Había encontrado trabajo, pero me quisieron embargar un porcentaje elevado de mi salario. Esto me metió en un círculo del que no podía salir, y mi ansiedad no dejaba de aumentar. Llegué a pensar que tendría que vivir así para siempre, sin oportunidades ni vías de escape. Afectó claramente a mi salud mental”.
Miguel se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad y, una vez concluida la sentencia, le condonaron los 200.000 euros que conformaban su deuda total. “Fue un balón de oxígeno, un verdadero regalo que me ha posibilitado seguir con mi vida. A los dos días de dictarse la sentencia ya estaba fuera de las listas de morosos, y noté enseguida que podía comprar con crédito”.
El de Miguel no es un caso aislado, es la historia de muchos particulares y autónomos que gracias a la Ley de Segunda Oportunidad han podido empezar de cero, sin arrastrar sus deudas de por vida. Para acogerse a esta normativa con éxito hay muchos aspectos a tener en cuenta.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad?
“Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”, reza la Ley 25/2015.
¿Quiénes pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para toda persona física, ya sea un particular o trabajador autónomo, en estado de insolvencia por un sobreendeudamiento.
No hay un momento estipulado para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, va a variar según cada caso. Por lo general, se considera que el mejor momento es cuando el deudor confirma su estado de insolvencia o incluso antes, cuando anticipa que en el futuro inmediato no va a poder hacer frente a las obligaciones contraídas.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar este procedimiento?
La Ley de Segunda Oportunidad tiene una serie de requisitos para poder iniciar el trámite. Los tres principales son:
- El deudor tiene que demostrar que su patrimonio no es suficiente para hacer frente a todas las obligaciones crediticias.
- La deuda total no puede superar los 5 millones de euros.
- Debe demostrar que actúa de buena fe, es decir, que su insolvencia no se ha producido mediando dolo o culpa grave.
¿Cómo se demuestra la buena fe?
- Mediante la asesoría de un abogado, el deudor tiene que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial antes de poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
- El solicitante no puede tener condenas por delitos contra: patrimonio, falsedad documental, Hacienda Pública, Seguridad Social o derechos de los trabajadores.
- La Ley de Segunda Oportunidad no puede aplicarse si el deudor ya se ha acogido a este mecanismo legal en los últimos diez años.
- En caso de ser autónomo, el deudor no debe haber sido condenado culpable por delitos económicos o sociales.
- No haber rechazado una oferta de empleo acorde a sus capacidades en los últimos cuatro años, en caso de estar desempleado.
¿Qué pasos hay que seguir para solicitar la Ley de Segunda Oportunidad?
La persona física que decide acogerse y solicitar la Ley de Segunda Oportunidad empezará a transitar un proceso que consta de dos grandes fases.
- Extrajudicial: en esta etapa, el deudor realiza una solicitud dirigida a un notario en la que detalla y da a conocer su situación personal (deudas, ingresos, patrimonio, etc.). con el fin de conseguir un acuerdo extrajudicial de pagos, con sus respectivas quitas y esperas, en una duración no superior a diez años. Se necesita que al menos el 60% de los acreedores estén de acuerdo.
- Concurso: Si no se alcanza este acuerdo extrajudicial en el lapso de dos meses, el solicitante debe acudir al juzgado mercantil que corresponda para la interposición de un concurso de acreedores voluntario. Un juez decidirá si exonera lo exonera de toda o parte de sus obligaciones, lo que se conoce como beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).
Principales beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad
El principal beneficio de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es la exoneración de deudas, léase la posibilidad de que el deudor se libre de determinadas deudas (créditos ordinarios y subordinados, por ejemplo). Hay muchas otras ventajas.
- Congelar de manera temporal ejecuciones y embargos
- La posibilidad de ganar tiempo: el deudor puede aprovechar para vender sus activos (evitar una ejecución generalizada) mientras avanza este expediente administrativo.
- La paralización de los intereses de las deudas (salvo aquellos sujetos a garantías hipotecarias).
- Lograr levantar los embargos sobre la vivienda, vehículos y demás activos para poder venderlos o desinvertir.
- Mantener el negocio o emprendimiento comercial funcionando (con limitaciones y controles) mientras duren los procedimientos.
- Retener la vivienda familiar hipotecada.
- Eliminar el nombre del deudor de los ficheros de morosos.
¿Qué bienes se pueden conservar al acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda oportunidad permite mantener la propiedad de bienes legalmente inembargables, como por ejemplo los necesarios para el desarrollo del negocio o los imprescindibles para la subsistencia del deudor y su familia.
- También se podrán conservar aquellos bienes desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sea manifiestamente desproporcionado respecto a su previsible valor venal.
- El salario mínimo interprofesional no se puede embargar. Al solicitar la Ley de Segunda Oportunidad, la persona física puede disponer de este ingreso monetario libremente.
- Los planes de pensiones también quedan liberados de posibles embargos. No es necesaria su liquidación en el proceso de cancelación de deudas.
