La Comisión Europea ha instado a España a que corrija estos seis desequilibrios macroeconómicos que considera excesivos, especialmente el elavadísimo paro, ya que sino se nos podría imponer una multa de 1.000 millones de euros. Eso sí, lo que debería explicar la Unión Europea es por qué somos los ciudadanos los que tenemos que ser castigados, en vez de procesar a los autores que han generado estos desequilibrios y enorme gasto público en los últimos años.
Irlanda, Chipre, Portugal y España son los países que presentan mayor número de desequilibrios. Estos indicadores son utilizados por el Ejecutivo comunitario para detectar posibles riegos económicos.
En materia de desequilibrios externos y pérdida de competitividad, España supera el límite máximo que se considera saludable en tres indicadores distintos:
- déficit por cuenta corriente (-6,5% de media en los últimos tres años, frente al umbral del -4%)
- posición neta de inversión internacional (-89,5% del PIB, frente al límite del -35%)
- pérdida de cuota de mercado exportador (-11,6% frente al -6%).
Respecto a los desequilibrios internos, la economía española tiene serios problemas en:
- deuda privada (220% del PIB, frente a un límite de 160%)
- deuda pública (61% frente al 60%)
- nivel de paro (16,5% de la población activa de media en tres años frente a un límite del 10%).
A pesar de que ya están puestas en marcha las medidas para corregir estos desequilibrios, la Unión Europea señala que llevará tiempo corregirlos debido a la absorción de las grandes reservas de deuda interna y externa y la redistribución de los recursos liberados por el sector de la construcción costará tiempo para restaurar condiciones más equilibradas.
A partir de este momento, la Comisión pondrá en marcha una investigación en profundidad sobre todos los problemas que presenta la economía española, especialmente para examinar las causas estructurales del alto nivel de paro que tenemos actualmente y la difícil situación provocada por una prolongada burbuja en el sector de la vivienda y el crédito. A continuación, el Ejecutivo comunitario propondrá medidas para corregir estos desajustes, que de no cumplirse obligaría a imponer una multa de hasta el 0,1% del PIB (1.000 millones de euros en el caso de España).
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