Lo cierto es que Argentina tiene derecho a realizar la expropiación de Repsol-YPF, ya que la Constitución argentina contempla esta posibilidad. La polémica no surge en torno a si se puede hacer, surge en torno al precio que se va a pagar por esta expropiación. La legislación argentina permite una expropiación por causas de utilidad pública, siempre y cuando se pague una indemnización justa.
Y aquí viene el asunto, ¿qué es una indemnización justa?
Sin duda es una cuestión polémica, ya que en un principio debe ser el propio Gobierno argentino el que establezca ese importe. Lo justo para Argentina no será suficiente para Repsol. Si nos basamos en la leyes propiamente, esta indemnización debe contemplar, los daños y perjuicios, las hipotéticas ganancias de la compañía y el lucro cesante.
Por lo tanto, el asunto está dentro del marco de la legalidad. El problema viene porque solo se ha expropiado la parte española de la empresa, y no las acciones de los inversores locales en la empresa o de otros accionistas extranjeros, como por ejemplo los norteamericanos.
Sin duda la maniobra del Gobierno argentino, aunque legítima, dista mucho de responder únicamente a la utilidad pública de la empresa, ya que si fuese así se debería haber nacionalizado por completo la empresa. Tendremos que esperar a ver cuál es el siguiente movimiento.
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