¿Qué es la mediación concursal?

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La Ley de la Segunda Oportunidad cuenta con un mecanismo establecido con el que las personas que han perdido todo y se encuentran endeudadas encuentren una solución. Este mecanismo se conoce como la mediación concursal.

¿Qué es la mediación concursal?

Contar con un asesoramiento a empresas teniendo en cuenta este mecanismo es fundamental, por ejemplo, cuando se convoca un concurso de acreedores. En estos casos, la figura del mediador concursal es necesaria para agilizar las negociaciones y conseguir un resultado que sea beneficioso para todas las partes.

Como corresponde a su nombre, el mediador concursal tiene un perfil de mediador, es decir, cuenta con la responsabilidad de acercar a ambas partes comunicando propuestas por lo que su labor es fundamental para poder llegar a un entendimiento.

La importancia de un mediador concursal

Este mediador concursal se ha vuelto más importante a raíz de la creación de la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley no llegó a España hasta el año 2015 y, antes de su aprobación, cualquier particular que tenía deudas tenía que responder de estas durante toda su vida.

Evidentemente esto era un problema para una gran cantidad de personas que imposibilitaba que pudieran rehacer sus vidas. Gracias a esta Ley de Segunda Oportunidad los mediadores concursales son de una gran ayuda en estos procedimientos.

Un mediador concursal debe de ser nombrado por un notario. Este será el encargado de proponer al mediador para trabajar en el procedimiento y, por supuesto, el mediador deberá de aceptar el cargo si así lo cree conveniente. Una vez que haya aceptado el cargo el mediador se pondrá a trabajar para buscar el entendimiento entre el deudor y el acreedor.

¿Cómo se nombra a un mediador concursal?

La designación de un mediador concursal se lleva a cabo a través de las listas correspondientes y siempre siguiendo un orden establecido.

Para que un mediador pueda formar parte de estas listas debe de contar con unos requisitos en específico. En primer lugar, deberá de tener pleno ejercicio de sus derechos civiles. También deberá de contar con formación universitaria o profesional superior, contar con la formación específica que le permita desarrollar su trabajo y disponer de un seguro de responsabilidad civil.

¿Cómo trabaja un mediador concursal?

Ahora que sabemos que esta figura es clave en las negociaciones entre el deudor y el acreedor, nos queda saber cómo es su forma de actuación.

En el momento en el que haya aceptado su cargo lo primero que deberá de hacer será comprobar toda la documentación que le facilite el deudor. Si esta documentación tiene errores deberá de comunicar al deudor todos aquellos para que los pueda subsanar.

Además, durante todo este tiempo también deberá de llevar a cabo más actuaciones. Deberá de comprobar si existen créditos y determinar su cuantía si es que han pasado 15 días desde que lo nombró el notario o 10 desde que aceptó. También será el responsable de convocar una reunión entre deudor y acreedores.

Antes de que se lleve a cabo la reunión tan importante, el mediador será el encargado de remitir a los acreedores el acuerdo extrajudicial de pagos. Estos podrán transmitirle más adelante sus contraofertas en el caso de que las hubiera durante los próximos 10 días naturales.

Si la propuesta no se acepta y el deudor sigue siendo insolvente, el mediador concursal deberá de solicitar la declaración de concurso. Además, asumirá la función de administrador concursal. Por otro lado, si la propuesta se cumple, este será el encargado de hacerlo corroborar a través de un acta notarial.

¿Cuánto cobra un mediador concursal?

A pesar de que estamos hablando de una situación en donde el dinero es un problema, el mediador concursal también tendrá derecho a cobrar. En este caso su remuneración se tendrá en cuenta dependiendo del activo y pasivo del insolvente. Si el concurso es complejo, el mediador podrá recibir hasta un 10% extra.

Es importante tener en cuenta que hay que aplicar porcentajes reductores, por ejemplo, un 70% si se trata de una persona física la deudora y no una empresa. Si es una empresa, se reduce al 50%. Finalmente, también contará con una retribución complementaria del 0.25% del activo siempre y cuando se lleve a cabo un acuerdo extrajudicial de pagos.

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