Este condado en Alabama era el escenario perfecto para estas actuaciones, ya que los políticos de la región habían decidido refinanciar alrededor de 3.000 millones de su deuda, mediante una intrincada combinación de derivados que incluía bonos de interés flotante y swaps de tipos de interés (IRS). Además, según la SEC, el mencionado LeCroy y Douglas MacFaddin, que fuera encargado de derivados municipales de JPMorgan entre 2001 y 2008, pagaron más de 8 millones de dólares a firmas bien conectadas políticamente para asegurarse su participación en los acuerdos.
Recientemente, el banco estadounidense llegó a un acuerdo parcial con la SEC de 722 millones de dólares que contemplaba el perdón de 647 millones en honorarios a los que el condado tuvo que hacer frente por las operaciones con los derivados. Sin embargo, JPMorgan sigue sin admitir ni negar los hechos, aunque mediante un comunicado ha asegurado que "los cargos se refieren a transacciones realizadas hace 6 o 7 años en el mercado de derivados de deuda municipal. Desde entonces, el banco ha interrumpido esa actividad y los empleados en cuestión ya no forman parte de la plantilla".
Además, tanto el abogado de LeCroy como el de MacFaddin afirman que sus clientes no infringieron la ley, y van a plantar cara a los cargos que les pueden imputar las autoridades judiciales. De esta manera consideran que la SEC se ha extralimitado en sus funciones, ya que no tiene jurisdicción sobre estos elementos financieros (derivados, instrumentos financieros ligados a acciones, bonos, divisas, materias primas, créditos o eventos específicos como los cambios en tipos de interés), señalando como fraudulentas prácticas de negocio legales.
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