
Desde el Gobierno se ha querido dar un mensaje optimista, aunque tal vez demasiado triunfalista, señalando que el rescate financiero por un importe máximo de hasta 100.000 millones de euros es realmente una línea de crédito que permitirá fortalecer la credibilidad de la deuda pública nacional y que no conlleva reformas ni ajustes fiscales extra, y tampoco afectará al déficit público. Asimismo, se señala que este apoyo financiero a la banca española permitirá restaurar el crédito a las familias y empresas, lo que a la larga ayudará al crecimiento económico.
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn se ha manifestado en este mismo sentido, al reiterar que los requisitos asociados al rescate que el Eurogrupo ha ofrecido a la banca española están centrados en el sector financiero y que no incluyen nuevas condiciones en materia de ajustes y reformas. Unas declaraciones que, al menos, tranquilizan un poco. Sin embargo, no deja de ser un préstamo de 100.000 millones de euros, no es un regalo de la UE y el FMI, por lo que hay que tener en cuenta una serie de puntos clave.
Si nos atenemos al comunicado del Eurogrupo, es un rescate soberano, ya que se trata de un crédito que se concede al Fondo de rescate bancario español (FROB), y no a la banca directamente, por lo que se concede al Estado español, ya que el FROB es un agente del Gobierno. En ese sentido, está claro que el dinero no tendrá que ser devuelto por los bancos que tengan que ser rescatados, sino por los contribuyentes españoles.
Sin embargo, no es el mismo caso que lo sucedido en Grecia, Irlanda o Portugal, ya que en dichos países el rescate se produjo porque no eran capaces de emitir deuda en el mercado a tipos de interés competitivos.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el dinero que se solicite al Eurogrupo será contabilizado como deuda pública. Teniendo en cuenta que se estimaba que España cerraría el 2012 con una deuda cerca al 80% del PIB, todo el dinero que se vaya solicitando provocará que la deuda española empeoré aún más. En ese sentido, serán fundamentales las reformas que se realicen para potenciar el crecimiento y los ajustes fiscales para lograr reducir tan elevado déficit. De caso contrario, será muy complicado que se pueda devolver lo que España debe.
Todavía habrá que esperar para ver si el Gobierno inyecta el dinero procedente del rescate a los bancos utilizando bonos convertibles que exigen el pago de intereses por parte de las entidades rescatadas o inyectando capital directamente, con la consiguiente nacionalización de entidades bancarias. En este segundo caso, el Estado no se les cobraría intereses.
El método utilizado será fundamental para determinar si se ampliará más la deuda pública y, por consiguiente, habrá que tomarse más medidas fiscales para reducir un déficit que, recordamos, tiene que reducirse hasta el 3% al final del 2013.
Por este motivo, aunque el gobierno ha señalado que este rescate no impone nuevas condiciones macroeconómicas, no hay que descartar que finalmente se produzcan, ya que desde el Eurogrupo se sigue insistiendo en la necesidad de reducir el déficit excesivo, y se revisará que se realicen las reformas estructurales necesarias para conseguirlo. De hecho, la ayuda está condicionada por el cumplimiento de estas reformas estructurales. Es decir, tal vez no sea el rescate el que exija directamente nuevas reformas, sino la propia situación actual del déficit español, ya que, como señalamos, para recibir el dinero hay que cumplir con las condiciones establecidas por Bruselas.
Por último, señalar que esta inyección de capital a la banca tardará un tiempo en tener sus efectos respecto a que se restaure el crédito a empresas y familias, ya que antes hay que sanear a la banca, un proceso que todavía va a necesitar un tiempo.
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